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domingo, 31 de agosto de 2014

“Tenemos Expectativas de que el Juicio Comience este Año”

Lo aseguró el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, en diálogo con CHACO DIA POR DIA. Se juzgará a un exjuez y a un exfiscal federal de Resistencia por supuesta “connivencia” con la dictadura en el Chaco. También a un exjefe de Guardia de la U7.
Luego de conocerse la decisión del juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, de elevar a juicio oral y público la causa por crímenes de lesa humanidad contra el exmagistrado federal, Luis Angel Córdoba; el exfiscal federal, Roberto Domingo Mazzoni, y el exjefe de la U7 (cárcel federal de la capital chaqueña), CHACO DIA POR DIA mantuvo un diálogo con el representante de la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía Federal de Resistencia, Diego Vigay, quién brindó su impresión sobre la decisión inédita para la región donde se sentará en el banquillo de los acusados a los exfuncionarios judiciales por su “connivencia” con el terrorismo de Estado.

DxD: ¿Cómo recibió la Unidad de DDHH de la Fiscalía Federal la resolución del juez Skidelsky de elevar a juicio la causa contra los exfuncionarios de la justicia federal?
DV: Ciertamente es un paso adelante, importante en lo que significa la reconstrucción de todo lo que ha sido la estructuración del Terrorismo de Estado en la provincia del Chaco y que tiene diferentes actores que cumplieron diversos roles y a su vez complementarios entre sí.
DxD: ¿Cuál fue el rol que cumplieron Córdoba y Mazzoni durante los años de la dictadura?
DV: El Ministerio Público Fiscal, en distintos dictámenes, ha analizado y  probado a partir de un cúmulo sustancial de testimonios y documentales el rol que cumplieron estos funcionarios de la justicia federal chaqueña, y la palabra más gráfica para definir su accionar es: connivencia.
Observamos que a la par de la organización creada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad destinada a la represión se agregó la falta de respuesta por parte de quienes se encontraban obligados a investigar por la función que detentaban.
Esto se expresa en las distintas denuncias que realizaban los detenidos por razones políticas al momento de prestar declaración indagatoria, los casos de trámite de los Habeas Corpus, la declaración y asunción de la competencia federal, la no realización de medida investigativa alguna en las causas por privación ilegítima de la libertad y la inexistencia de compulsas para investigar los delitos cuya sospecha de comisión era evidente.
Como se puede apreciar, la consecuente falta de limitación alguna por parte de la administración de justicia, tuvo el efecto comunicativo de la actuación omnipotente de las fuerzas de seguridad en ese contexto. Entonces, el aporte de Córdoba y Mazzoni fue sustancial para los ejecutores: contaban con la impunidad de sus acciones, y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo, esto es, detener personas, torturarlas, privarlas de la libertad, “desaparecerlas de la faz de la tierra”.
DxD: ¿El auto de elevación a juicio del juez coincide con los delitos que el Ministerio Público requirió que se les imputen a los funcionarios judiciales?
DV: En primer lugar debemos decir que existió originalmente procesamiento de Córdoba y Mazzoni que abarcaba imputaciones por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita, todos considerados como delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal, al momento de confirmar el procesamiento, considera que la imputación debe ser por los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionario con abuso de autoridad, el incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento, quitando la imputación de la asociación ilícita. Y en ese sentido está dictado el auto de elevación a juicio.
De todas formas, desde el Ministerio Público hemos planteado en el requerimiento de elevación, las imputaciones por los delitos de asociación ilícita, tormentos y privación ilegítima de la libertad  y entendemos que la calificación de los reproches que deban recaer sobre los imputados se deberá discutir en el debate oral.
DxD: ¿Considera que el TOF fijará fecha para las audiencias del juicio oral y público para este año o ya para 2015?
DV: En cuanto a la fecha de inicio del debate oral, se debe estar a instancias a que se pueda constituir el Tribunal que va intervenir con magistrados de otras jurisdicciones con la mayor celeridad posible. La mayoría de los jueces de la jurisdicción estarían  imposibilitados para actuar, ya que intervinieron en juicios anteriores donde se trataron los mismos hechos. En ese marco tenemos expectativas de que pueda comenzar el debate a fines de este año.
DxD: ¿Las víctimas deberán atestiguar nuevamente en este juicio oral o se propondrá evitar que vuelvan a pasar por esa situación?
DV: Creemos que no es imprescindible que vuelvan a testimoniar. Los testigos víctimas han ofrecido sus testimonios en distintas oportunidades y una vez más lo han hecho en muchos casos en esta misma causa en etapa de instrucción con la presencia de las respectivas defensas de los  imputados.
Entendemos que por protocolos de protección de las víctimas de terrorismo de Estado y en función de evitar su revictimización que podría darse con la exposición en un nuevo testimonio en un juicio oral, se pueden reproducir sus testimonios filmados en otro debate y a la par incluir por lectura el testimonio de la instrucción.
Esta alternativa ya fue adoptada en distintos juicios de todo el país y en nuestra jurisdicción en lo que fue el juicio a (Norberto) Tozzo por su responsabilidad en la masacre de Margarita Belén.

Fuente Chaco Día por Día  29/08/2014


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