Así, la causa que investiga al
gobernador de la Provincia
por presuntas maniobras fraudulentas en la compra de dos inmuebles deberá
tratarse en el juzgado federal de Paso de los Libres.
Se trata del proceso iniciado por
el periodista Hernán González Moreno quien denunció a Ricardo Colombi por
Enriquecimiento y Asociación Ilícita, y Defraudación Fiscal por dos inmuebles
que adquirió a través de terceros. Uno de los inmuebles es la fastuosa casa
ubicada en la esquina de Perú y 9 de Julio de la ciudad de Corrientes.
La denuncia la tomó el Juzgado
Federal de Paso de los Libres, y fue estrategia de la defensa de Colombi
trasladar la investigación a los estrados locales.
Pero la maniobra fue rechazada
por la Corte Suprema ,
quien consideró que la
Defraudación Fiscal es un delito federal y por ende compete a
la Justicia Federal.
De esta forma, la causa seguirá en manos del Juzgado de Paso de los Libres.
El Fallo de la Corte Suprema de
Justicia llevó las firmas del presidente, Ricardo Lorenzetti; de la
vicepresidente Elena Highton de Nolasco y de los ministros Carlos Fayt, Eugenio
Zaffaroni y Enrique Petracchi.
Esta medida se dio sobre la base
de una resolución del procurador fiscal, Eduardo Ezequiel Casal, quien señaló
que “el gobernador habría incumplido con sus deberes, al omitir informar esos
bienes en la presentación de su declaración jurada patrimonial, tanto a nivel
nacional como provincial”.
Advirtió que “también se habría
producido un enriquecimiento ilícito ya sea de este último, o de los terceros
que habían contribuido a disimularlo pero, en definitiva, con el consiguiente
perjuicio para el erario público”.
Se refiere así al asesor de
Colombi, Hernán Marcelo Laslo, su esposa, Elena Hadad y la escribana Dionisia
Báez, quienes son señaladas como responsables de la compra de dos casas que
fueron cedidas en forma gratuita al gobernador.
La causa comenzó con una denuncia
efectuada por el periodista Hernán González Moreno pocos días antes de la
elección del año 2009 por Evasión Impositiva debido a la adquisición de un
inmueble ubicado en Perú y 9 de Julio de la capital correntina por un empleado
del PAMI, Marcelo Lazlo.
Dicha vivienda fue cedida
gratuitamente por Lazlo al mismo Ricardo Colombi, tiempo después de la compra
que figuró por un precio de 600 mil pesos cuando el valor real en el mercado
era de tres veces más que el reconocido oficialmente.
Según la investigación, Marcelo
Lazlo adquiere en el lapso de 98 días dos propiedades por un millón de pesos,
siendo que le poder adquisitivo de un empleado del PAMI lejos está de alcanzar
esos valores.
Lo más llamativo es que casi en
el mismo momento firma un poder especial a Ricardo Colombi para que haga lo que
quiera con dichas propiedades, abriendo las sospechas sobre quién es el
verdadero propietario de los inmuebles.
La causa la tuvo en primera
instancia el juez ad hoc, Roy Nazar, para luego pasar a manos del juez federal,
Carlos Soto Dávila, quien llamó a declarar a Marcelo Lazlo y su mujer Elena
Hadad, a las escribanas que intervinieron en la operación, Dionisia Baéz y
Roxana Cabral, y al propio Ricardo Colombi.
Los cuatro primeros se
presentaron en el Juzgado ante la citación del 19 de junio de 2013, pero se
negaron a declarar. El gobernador solo presentó escritos excusándose por no
comparecer.
No obstante, Soto Dávila decretó
el procesamiento para los cinco imputados en la causa, incluido Ricardo
Colombi. También vale recordar que el denunciante, González Moreno, apareció
muerto tiempo después de la presentación con un disparo en su cabeza en un
presunto suicidio.
Fuente:Nueva Miradas -Locales
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