INJUSTICIA EN CARNE VIVA
El peor delito: ser pobre y cartonear
Demetrio Iramain
Nazareno es cartonero y tiene 36
años. Nació en Chaco. No había cumplido los 18 cuando abandonó su provincia
natal para venir a la gran metrópolis. Desde hace seis años vive en la Villa 31, en Retiro. Su paso
por la justicia contravencional, no como cliente sino como objeto de su rigor
punitivo, demuestra cuánto de obsoleto, distante y prescindente ante la más
cruda problemática social tiene el sistema judicial argentino.
Vive en el barrio Carlos Mugica,
junto con su mujer y las tres hijas de ella. Su pareja, además de cuidar a las
niñas, recorre la ciudad junto con él, juntando cartones, botellas, metales, y
todo residuo urbano que todavía pueda tener algún uso. Lo que el capitalismo
descarta por inútil, o viejo, él lo mete adentro de su bolsa de lona gigante;
sólo así consigue vivir un día más.
Varias semanas atrás, Nazareno
fue detenido por eficientes oficiales de la Comisaría 23ª, bajo el
cargo de "hurto". La denuncia la hizo la propia policía, que encontró
dentro de su carricoche algunos metros de cable de aluminio. ¿La policía
"encontró" el cable dentro del carro, o el cable encontró a Nazareno?
Los surrealistas franceses le dirían "el azar objetivo"; en la Villa 31, "te la
pusieron", como se conoce a la sempiterna práctica de armas causas. Si le
daban a elegir, Nazareno habría preferido quedar unos días preso a perder su
herramienta de trabajo. Le pasaron las dos cosas.
Ese carro lo alquila diariamente
a algunos vecinos de la villa, que cartonean como él. Al ser confiscado por el
Juzgado en lo Correccional Nº 4,
a cargo de Francisco Ponte, Nazareno no sólo perdió la
posibilidad de ganarse el pan. Entonces, intervino el Programa de Acceso a la Justicia del Ministerio
Público Fiscal, con una única finalidad: recuperar para Nazareno el carromato
que le permite vivir y mantener, con mucho esfuerzo, las necesidades básicas de
su familia. Ese programa de la Procuración General de la Nación , producto de la
mirada renovada sobre la cuestión judicial que tiene Alejandra Gils Carbó,
consiste en la apertura en las villas, asentamientos y barrios más olvidados,
de oficinas (que el programa denomina "ATAJOS", Agencia Territorial
de Acceso a la Justicia )
en las que un equipo multidisciplinario recibe las inquietudes jurídicas o
comunitarias, y promueve, según el caso, denuncias o derivaciones a otras
dependencias estatales. Hasta hoy, funcionan en las villas 20, 21-24, 1-11-14 y
Barrio Mitre, en Saavedra, además de la Villa 31.
En el caso de Nazareno, la intervención
de ATAJO fue a través de los operadores de la Sedronar que trabajan a
diario con los jóvenes en situación de consumo de la Villa 31. Para quienes
padecen esta problemática, los agentes de la secretaría que conduce el
sacerdote Juan Carlos Molina son sus referentes y la primera vinculación con el
mundo de los derechos y el Estado.
Entre las líneas de acción del
programa, una es central: articular con las múltiples oficinas estatales
presentes en las villas para potenciar el trabajo común y volver más efectivas
las redes de contención y escucha. En el caso de los jóvenes en situación de
consumo, y otros grupos vulnerables (violencia de género, menores, trata de
personas, etc.), la confianza resulta esencial.
A la hora de abordar el caso
Nazareno, la coordinadora jurídica de la Agencia de la Villa 31, Lucía Battistuzi, resolvió presentar un
escrito ante el fiscal en lo correccional Sebastián Randle, para que efectivice
la entrega del carro considerando que constituye su único medio de
subsistencia. La fiscalía, y posteriormente el juzgado, resolvieron que antes
de hacerlo Nazareno debía notificarse de los cargos que se le imputaban. Nunca
antes la justicia se había acordado tan enfáticamente de él; Nazareno hubiera
preferido un nuevo olvido. Cuando, finalmente, el dueño del carro se notificó
de la causa en su contra, el expediente fue enviado a la defensoría oficial y
recién entonces el escrito interpuesto por ATAJO llegó al despacho del juez.
Entre el hecho y la intervención del magistrado pasó un mes, con sus 30 días y
noches. El defensor oficial interviniente también recibió el requerimiento de
ATAJO. Los tiempos demasiado laxos de la justicia, si de pobres se trata, la
necesidad formal de que el imputado acepte por escrito la intervención del
defensor oficial y la imposibilidad concreta de notificarlo porque Nazareno no
tenía un domicilio fijo donde hacerlo, hicieron que el secuestro del carro ni
siquiera pudiera ser apelado.
Cada vez que el equipo del
Programa de Acceso a la
Justicia se comunicaba con el juzgado, recibía igual
respuesta: "La providencia del juez está a la firma." Pero los días
corrían, el carro seguía en custodia del juzgado y Nazareno no podía salir a
trabajar. Todas las veces que el director del Programa ATAJO, Julián Axat,
quiso entrevistarse personalmente con el juez, no pudo hacerlo. No tuvo más
remedio, entonces, que enviarle una carta. El escrito entregado en la Mesa de Entradas del tribunal
tuvo relativo éxito: el secretario atendió a Axat por teléfono y le explicó que
el carro era "objeto del delito" (como si la extrema vulnerabilidad
de Nazareno no lo fuera también), razón por la cual el juez insistía con su
decomiso hasta tanto Nazareno prestara declaración indagatoria.
En la mañana del martes 23, y
mientras el juez desayunaba en su juzgado, Nazareno vendía en la feria de la
villa sus últimas pertenencias. No podía seguir esperando de brazos cruzados la
restitución; antes debía conseguir dinero para remplazar con urgencia su carro
y salir a cartonear. A hoy, el "objeto del delito" sigue demorado
entre las cosas que se apilan en la justicia contravencional, mientras Nazareno
se esfuerza por reunir los 1500 pesos salvadores.
Más que el carro, Nazareno
necesita una nueva oportunidad sobre la Tierra. Un trabajo mejor. De juez, por ejemplo. A
la justicia también le hace falta.
Fuente: Tiempo Argentino
Fuente: Tiempo Argentino
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