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miércoles, 11 de marzo de 2015

Calificaron de “impuesto confiscatorio” el aumento en la tarifa energética-al­gunos casos hasta un 6.000 por ciento

IRÁN HASTA LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN

Centrales obreras, agrupaciones so­ciales y legisladores nacionales, se reunieron anoche. Dijeron que jun­tan pruebas para pedir amparos.
Integrantes de la CTA, Ctera, de ATE y agrupa­ciones sociales junto a un grupo de vecinos, analiza­ron anoche en la sede de la central obrera, los pasos a seguir para intentar neu­tralizar el incremento en la tarifa del servicio energético en el ítem cargo fijo, punto que en las facturaciones de febrero pasado trepó en al­gunos casos hasta un 6.000 por ciento. “Es un impuesto confiscatorio del que debe­ría hacerse cargo el Estado provincial”, dijo el secreta­rio general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En el encuentro es­tuvo presente el diputado nacional Fernando Marcó­pulos, quien anticipó que una vez reunida toda la do­cumentación se intentará buscar una audiencia con las autoridades de la Secre­taría de Energía de la Na­ción, “para evitar que este incremento sea aceptado por la Nación y que la Pro­vincia de esa forma firme la Convergencia Energética”, coincidieron los presentes en el encuentro de anoche.
Se debe que el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), Enrique Vaz Torres, tuvo un par de reuniones la semana pasada con el mi­nistro de Planificación Fe­deral, Julio de Vido, y según los legisladores nacionales de Corrientes, el Gobierno local estaría negociando la posibilidad de sumarse a la prórroga de la Convergencia Energética, a cambio de que la Nación no modifique la suba aplicada en el llamado cargo fijo de las facturas del servicio.
El primero que dio el aler­ta fue el diputado nacional del PJ, Carlos Rubín, como publicó NORTE de Corrien­tes en su edición de ayer, el legislador planteó la falta de legalidad en la suba del ru­bro mencionado porque eso no fue explicado en la au­diencia pública del pasado 1 de abril en Bella Vista.
La idea de ir en busca de amparos judiciales contra el aumento, también germi­nó durante el pasado fin de semana en la costa del río Uruguay, durante una con­vocatoria de vecinos que cortaron el acceso a esa ciu­dad sobre la Ruta Nacional 14. Desde el pasado domingo los habitantes de esa comu­na empezaron una junta de firmas para luego formalizar la solicitud de amparo. Lo que generó más rechazo a la suba en la tarifa es el pésimo servicio energético que al igual que en la Capital co­lapsa en el interior.
A todo esto, Vaz Torres, dio su apreciación sobre la cuestión. “Hay una deman­da adicional no declarada de energía”, admitió el fun­cionario provincial. Acusó en esa línea “a los engan­chados. La realidad es que se consume mucho más de lo que se registra”, dijo en el diagnóstico el interven­tor de la Dpec quien además dirige la cartera de Hacienda y Finanzas. Después retomó la acusación: “Hay barrios donde se necesitaba ha­cer trabajos y no se pueden hacer obras por amparos y quejas”.

La Provincia nunca infor­mó oficialmente a cuánto asciende el déficit en mate­ria energética, justamente un punto clave en el acuerdo de Convergencia Energéti­ca que ahora busca renovar ante la Nación.


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