El 17 de abril de 1996 fueron asesinados en la localidad de
El Dorado dos Carajás, en el Estado de Pará, diecinueve campesinos del
Movimiento Sin Tierra de Brasil. A raíz de este hecho, conocido
internacionalmente como la masacre de El Dorado, se fijó el 17 de abril como
Jornada Mundial de la Lucha Campesina.
Como forma de recordar y conmemorar, las organizaciones de
campesinos, indígenas y trabajadores rurales de todo el mundo, se movilizan, se
expresan e invitan a las organizaciones sociales y populares a manifestarse
también en esta jornada contra el modelo agropecuario de las grandes
corporaciones económicas y de los organismos internacionales de comercio y
finanzas (FMI, OMC, Banco Mundial), y a favor de un desarrollo rural con
campesinos, con comunidades indígenas, con yungas, montes y biodiversidad.
Un poco de Historia
La masacre de Eldorado dos Carajás-por Paulino Montejo
Diecinueve muertos y 46 heridos según datos oficiales fue el
resultado de la masacre cometida el 17 de abril contra trabajadores sin tierra
en el municipio Eldorado dos Carajás al sur del estado de Pará, en la Amazonía
brasileña.
La masacre del 17 de abril em Brasil fue atribuida a la
policía militar del estado de Pará, bajo el mando del comandante de la policía
militar de Marabá, Mario Collares de Pantoja, quien cumplía -según relato de un
oficial próximo al comandante Pantoja- órdenes expresas del gobernador del
estado, Almir Gabriel, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) al
que pertenece el actual presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso.
Según declaraciones del comandante divulgadas por la prensa,
el gobernador Almir habría pedido a sus subordinados desalojar a cualquier
precio la carretera 150 que habían ocupado 1.800 trabajadores entre hombres,
mujeres y niños para llamar la atención y reivindicar expropiaciones de tierras
en el sur del estado, entre ellas la de la hacienda Macaxeira en la cual están
acampados desde hace algún tiempo.
Los sin tierra protagonizaban una marcha en dirección a la
capital del estado, Belem, pero a cierta altura después de 7 días y 40 kilómetros
andados decidieron parar y negociar con el gobierno. Pedían transporte y
alimentación para desplazar a un grupo que realizaría manifestaciones en Belem
y entraría en negociaciones con el gobierno y el Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
La negociación sobre los ómnibus y la alimentación parecía
estar resuelta hasta el día 16 pero al día siguiente las orientaciones
oficiales habían cambiado de rumbo. Llegaron los ómnibus, pero no para
transportar a los trabajadores sino repletos de policías militares que según
testimonios de las víctimas sobrevivientes traían órdenes expresas de matar
porque iban armados de revólveres y ametralladoras y habían retirado del
bolsillo de sus camisas la insignia que los identifica como policías militares.
Una periodista de la TV Liberal que estuvo en el lugar
declaró que la tropa de Marabá llegó tirando bombas de gas lacrimógeno. No
fueron a negociar, llegaron disparando.
La policía ejecutó efectivamente una operación de guerra o
mejor dicho una masacre aparentemente premeditada. Los pelotones vinieron por
los dos frentes uno de cada lado de la carretera para no dar a los
manifestantes posibilidades de escapar.
Responsabilidad
gubernamental
La dirección nacional del Movimiento Sin Tierra (MST) ha
responsabilizado al gobernador Almir Gabriel por todo lo que aconteció. El fue
quien autorizó la acción de la policía militar y él es el responsable legal por
sus actividades.
El MST responsabiliza también al Gobierno Federal, a través
del Presidente de la República y del Ministro de Justicia, Nelson Jobim, porque
dicho gobierno no ha hecho nada para cumplir las promesas que en setiembre de
1995 hizo al Foro Nacional de la Reforma Agraria cuando éste le presentó un
pliego de recomendaciones para acabar con la violencia en el campo y resolver
por fin el problema de la democratización de la tierra.
Calificada como una vergüenza nacional, la masacre de El
Dorado de Carajas ha sido condenada unánimemente por la opinión pública
nacional: parlamentarios, partidos políticos, iglesias, entidades y
organizaciones del movimiento popular, etc.
No se podía esperar otra reacción ante una acción cruel que
según el médico forense costó la vida a varias personas, que presentaban tiros
a quema-ropa, tiros de gracia, miembros mutilados, cabezas reventadas y pedazos
de cerebro derramados por el suelo.
Para no quedarse atrás, después de sentir la creciente
presión internacional, el propio Presidente de la República Fernando Henrique
Cardoso la calificó como una masacre inaceptable. "Estoy convencido de que
los responsables serán juzgados. De veras", agregó.
Respuesta de los Sin
Tierra
Joao Pedro Stedile, uno de los líderes nacionales del MST,
ha dicho en cambio: "Señor Presidente, vamos a ver si esta vez hace la
reforma agraria de verdad, y no sólo en la televisión. Misión pesada para un
gobierno que hasta la fecha no ha asentado a ninguna de las 60.000 familias que
prometió asentar este año. La distribución de la tierra es mientras tanto una
de las más injustas del continente: en el país existen 371 millones de
hectáreas aptas para la agricultura pero sólo el 14% de esas tierras tienen
algún tipo de sembradíos. Otro 48% son destinadas a la cría de ganado. Y lo
peor: casi la mitad de la tierra cultivable está en manos del 1% de hacendados
mientras que menos de 3% de la tierra pertenece a 3,1 millones de productores
rurales. El Movimiento Sin Tierra exige como toda la sociedad nacional
investigaciones rigurosas y castigo a los culpables y alerta, pues nuevas
masacres podrán acontecer si el gobierno presidido por un sociólogo que se dice
democrático y moderno no toma medidas prácticas para implementar la reforma
agraria en el país".
(Fuente: ALAI)
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