Corrientes: El hostigamiento comenzó luego de que
conocieran varias designaciones irregulares hechas por el Superior Tribunal en
el Instituto Médico Forense. A partir de la filtración de designaciones
irregulares en el Instituto Médico Forense de Corrientes, el Superior Tribunal
de Justicia (STJ) de esa provincia comenzó una persecución contra trabajadores
que integran el colectivo Justicia Legítima. Así lo denunció la organización,
luego de que el máximo tribunal correntino dispusiera una investigación interna
e interrogara a varios de sus miembros para averiguar quién difundió esa
información.
Por Gerardo Aranguren - Infonew
La disputa comenzó a fines del año pasado, cuando el STJ,
integrado por Horacio Semhan, Fernando Niz y Alejandro Chaín, realizó un
escandaloso nombramiento: en 4 de los 5 cargos del Instituto Médico Forense
fueron designados sus familiares, la ginecóloga Valeria Yvonne Niz, hija del
juez Niz, y su marido, el bioquímico Jorge Reimer; el psiquiatra José María
Chaín, hermano del juez Chaín, y el médico laboralista Horacio Raimundo Sotelo,
hermano del fiscal general César Pedro Sotelo.
El método también generó suspicacias. Se evaluó a través de
entrevistas personales eliminatorias tomadas por los jueces Chaín y Niz. De
esas entrevistas no se dejó constancia y quedaron eliminados varios
especialistas con años de experiencia. Al salir a la luz los hechos, los
ministros empezaron a averiguar quién había filtrado la información a la prensa
e investigar a los miembros de Justicia Legítima, que había denunciado la
situación luego de la repercusión pública.
Los jueces iniciaron un sumario administrativo por haber
filtrado información confidencial. Tres trabajadores fueron citados como
testigos, uno de ellos como "testigo sospechoso", una figura
anacrónica del Código Procesal Penal de Corrientes que se ubica entre el
testigo y el imputado.
Los interrogatorios fueron "con tenor policial,
inquisidores", señaló el fiscal Diego Vigay, coordinador de Justicia
Legítima Nordeste, quien comentó que las preguntas de los ministros se
enfocaron a las actividades de la organización, dónde se reúne, quiénes son sus
miembros, de dónde saca la información y cómo adhieren a los comunicados.
También buscaban responsabilizar a un miembro del Instituto
Médico Forense, Diego Rinaldi, quien estuvo con licencia médica por el estrés
que le provocó el acoso laboral que sufrió.
En la provincia hay un antecedente muy cercano, que marca la
gravedad de lo que ocurre: a comienzos de abril, la fiscal de Paso de los Libres
Roxana Romero fue destituida por unanimidad en un juicio político por acoso
laboral y persecución ideológica a sus empleados, entre ellos, Flavio Ariel
Cabrera, de 33 años, quien luego falleció como consecuencia de una úlcera. El
hecho conmocionó a los trabajadores judiciales de la provincia, que
responsabilizaron al fiscal general Sotelo y al Superior Tribunal de Justicia,
ya que la ex fiscal Romero había trabajador en varias localidades de la
provincia y las denuncias de malos tratos no fueron tratadas por sus
superiores.
"Con ese antecedente, el Superior Tribunal está
llevando adelante una persecución contra Justicia Legítima. Esto muestra el
grado de impunidad que tiene para avanzar con una persecución ideológica y
acoso laboral", agregó Vigay. «
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