Pablo Llonto: “el gobierno de Macri no quiere que los juicios de lesa humanidad sean prioridad del Estado”

FERIA POPULAR DEL LIBRO

Foto - Edid Medina 

Así lo expresó el abogado y periodista al presentar su libro "El juicio que no se vio - Los juicios de lesa humanidad en el país y la región" junto a Mario Marturet, a Diego Vigay, a Marisa Sanauria y a Mario Monti. “El Poder Ejecutivo en general tiene mucha responsabilidad y el presidente de la Corte tiene toda la responsabilidad de no haber tomado soluciones de fondo para que las causas se aceleren”, manifestó Llonto, acusando “lo que ocurre en todo el país: lentitud, los juicios se acumulan y van muy despacio”. 

Pablo Llonto presentó su libro "El juicio que no se vio - Los juicios de lesa humanidad en el país y la región", este lunes 11 de julio en el marco de la Feria Popular del Libro. Su disertación recibió la Declaración de Interés de la Municipalidad de Corrientes y del Honorable Concejo Deliberante. 

Foto-Edid Medina

Acompañado por Mario marturet, Diego Vigay, Marisa Sanauria y Mario Monti -profesionales y militantes de las causas de los derechos humanos en Corrientes y en la región- Llonto hizo un breve repaso de los juicios a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.“El libro establece un puente entre el primer juzgamiento a los genocidas en 1985 y lo que ocurre actualmente, agravada la situación no sólo por la lentitud de la Justicia sino también por la actitud que tiene el Gobierno de Macri que no quiere que los juicios por crímenes de lesa humanidad sean prioridad del Estado”, expresó Llonto en la charla.

Y dijo que “hay una mezcla de culpas”. “El Poder Ejecutivo en general tiene mucha responsabilidad y el presidente de la Corte tiene toda la responsabilidad de no haber tomado soluciones de fondo para que las causas se aceleren, pese a los múltiples pedidos”, acusó el abogado y periodista bonaerense.

Además consideró que “la situación en Corrientes, ahora con el caso de las ligas agrarias, es similar a lo que ocurre en todo el país: lentitud, los juicios se acumulan y van muy despacio”, y adelantó que en agosto se realizará un encuentro nacional de abogados y abogadas que tratan los delitos de lesa humanidad, donde se redactará un documento exigiendo la celeridad de los juicios.

Durante la sexta jornada de la feria, cada uno de los panelistas abordó distintas perspectivas de la temática. El primero de ellos, Mario Marturet, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos y uno de los pioneros en Corrientes en organizar la búsqueda de desaparecidos e impulsar los juicios, se refirió al contexto actual y manifestó sentir “vergüenza del presidente de los argentinos”.

“Fue bochornosa la presencia de un criminal como Aldo Rico en el acto central del 9 de julio, bicentenario de la Independencia, un hecho muy triste y que a mí me toca de cerca, porque en Monte Caseros nos rompió uno de los puentes que nos unía con la colonia de Juan Pujol, y que había sido producto del trabajo colectivo de los vecinos en el arroyo Timboy; un hecho para demostrar la calaña de este uniformado”, lamentó Marturet.

Marisa Sanauria recordó los avances que fue logrando la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, desde su conformación como filial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Buenos Aires en la década del 70, pasando por la obtención de la personería jurídica en el 2004 y el impulso de los juicios en el 2008.

Por su parte, Mario Aníbal Monti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, recordó los testimonios más desgarradores de los testigos que declararon en la causa “Ex Regimiento de Infantería 9 (RI9)”, oportunidad en que se encarceló a los militares correntinos De Marchi Juan Carlos, Nicolaides Cristino, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Carlos Roberto y Reynoso Raúl Alfredo.       En tanto que Diego Jesús Vigay hizo un análisis de la complicidad histórica del Poder Judicial con la dictadura, y comentó que en Argentina hasta el momento hay 90 funcionarios judiciales implicados en los delitos, de los cuales unos 50 están imputados y solamente 20 están por ir a juicio en breve. “La estructura del poder judicial argentino, de carácter patricio y burgués, no cambió en ningún momento de la historia”, aseguró.

En declaraciones a la prensa, Pablo Llonto destacó “lo hecho acá en Corrientes, como en otras provincias que conservan la ideología del campo popular”, en alusión a la organización de la Feria del Libro.

“Esta es una feria popular de libre acceso a la cultura, una política del Estado municipal para garantizar accesibilidad a estudiantes, a docentes, a los jóvenes, consiguiendo libros a mejor precio. Estas políticas les duele a los gerentes que gobiernan la Argentina porque quieren que los pueblos no tengan acceso a la cultura”, remarcó el abogado, también profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de la Plata.