Luego de que el diputado De Vido fuera desaforado y detenido, acusado de un supuesto sobreprecio de u$s 6.995.926.798 en la compra de gas licuado, el perito que realizó el informe que arrojó esa cifra fue imputado por falso testimonio: su peritaje se basó en recortes de internet, inventó los valores de referencia y no se ajusta a la realidad.
El Juez Bonadío decidió a comienzos de 2017 convocar al Ingeniero David Cohen, titular del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial (CPII) en calidad de perito, para que analice la documental secuestrada en la causa, y determine si existió un pago de sobreprecios en la compra de GNL durante la gestión de CFK.
El peritaje realizado por Cohen fue refutado por el diputado Julio De Vido durante su indagatoria, alegando que se trataba de una búsqueda casi escolar de información no certificada científicamente. El tiempo le dio la razón a De Vido, y hoy la fiscal Paloma Ochoa solicitó la imputación del perito David Cohen por falso testimonio.
Cohen fue denunciado penalmente por Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; la denuncia recayó en manos de la fiscal Paloma Ochoa. El Dr. Alfredo Huber fue el encargado de presentar un minucioso escrito del que se desprenden tres puntos claves de la pericia que dejan al descubierto que el informe carece de sustentabilidad técnica:
1. Los textos del peritaje provienen de sitios amateurs de internet que fueron copiados desordenadamente y sin citar las fuentes.
2. La utilización de un método deficiente para el cálculo de precio de GNL importado, utilizando un valor de referencia erróneo al confundir el precio del Gas Natural en boca de pozo en Estados Unidos con el precio de Gas Licuado transportado marítimamente. Además, Cohen “olvidó” agregar al cálculo la variable de la prima (o precio).
3. El perito inventó los valores y porcentajes de las variables de “gastos de puerto de origen” y “costos de seguro”.
De acuerdo al Código Penal vigente, artículo 275, al perito que “afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte“, y “si el falso testimonio fuese cometido en una causa criminal y en perjuicio del inculpado o imputado” le corresponde una pena máxima de 10 años.
Bonadío solicitó el desafuero y la detención de De Vido y procesó a 23 personas por “haber participado en la maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado (GNL) realizada entre el 2008 y el 2015, que habría causado un perjuicio a las arcas del Estado de 6.995.926.798 de dolares” basándose en un “peritaje trucho”, armado con textos de internet, con porcentajes inventados y que utilizó precios que no correspondían al GNL.
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