Todas las voces y músicas de la Patria Grande

Todas las voces y músicas de la Patria Grande

martes, 12 de diciembre de 2017

¿Qué es el “Lawfare” del que hablaron Cristina y Dilma? La guerra no convencional de la CIA contra gobiernos populares

Posted By kontra Info on 9 diciembre, 2017

Este sábado Cristina Kirchner se reunió con Dilma Rousseff y de acuerdo a lo expuesto por la ex presidenta argentina en sus redes sociales, conversaron sobre la realidad de América Latina y específicamente del “Lawfare”: “Entre otros temas, conversamos sobre una realidad que se está imponiendo en nuestros países. Un proceso que se denomina mundialmente Lawfare y consiste en la utilización del aparato judicial como arma para destruir a la política y a los lideres opositores. Una matriz que tiene otra pata fundamental en los medios de comunicación, una instancia central en esta estrategia de persecución”.
En esta nota te contamos en qué consiste este “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”:
¿Qué es el Lawfare?
por Camila Vollenweider y Silvina Romano / CELAG
Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.
¿Qué significa Lawfare?
El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” (1) y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School (2). Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina (3) y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción (4)
3 Pásara, Luis (2012) “International support for justice reform in Latin America:worthwhile or worthless?” Latin American Program. Woodrow Wilson Center,Washington DC.  
Aspectos fundamentales del Lawfare
1) El rol del Poder Judicial:  Se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.
2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado” (5). Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (6) (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos (7).
Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:
Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.
Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.
El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” 8 sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.
LAWFARE EN ARGENTINA
Sin duda uno de los ejemplos más destacados fue la muerte del Juez Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del Juez Nisman, sin pruebas fehacientes y sólo en base a presunciones difundidas por la prensa.
Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llevó adelante la investigación sobre el (8) Herman, Edward y Chomsky, Noam. Manufacturing consent.The political economy of the mass media. New York: Pantheon, 1988. atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a “terroristas iraníes” (9) Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha información poco conocida que vincula a la Argentina con la geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba periódicamente de los avances de la investigación a la Embajada estadounidense en Argentina (10). De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que había hecho el Juez Nisman a la presidenta Kirchner por haber “fabricado la inocencia” de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Irán, a cambio de beneficios comerciales y políticos (11). Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Casación emitió un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando “inexistencia de delito” (12). No obstante, desde un principio la prensa criminalizó a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir esa imagen y que se materializó, por ejemplo, en la consigna “todos somos Nisman”.
9 Vale destacar que rápidamente la prensa descartó otras hipótesis, entre ellas la responsabilidad Israelí-
Norteamericana, la culpabilidad de grupos Sirios; la implicación de bandas de narcos aliadas de la policía bonaerense,
10 http://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%A1y-luisd%E2%80%99el%C3%ADa-ten%C3%ADa-raz%C3%B3n%E2%80%A6-eltri%C3%A1ngulo-argentina-estados-unidos-ir%C3%A1n
Reorganización del aparato judicial
La causa Nisman no se acabó allí. El 30 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA.
Otra movida judicial de Macri fue, en diciembre de 2015, designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en lugar de llamar a Sesiones extraordinarias para la aprobación de las postulaciones en el Senado. La decisión obedece a motivos políticos: necesitaba que el tribunal estuviera completo (a su favor) ante la inminencia del impacto que generarían muchas de las medidas planeadas (e implementadas) (13)
A esto se suma la designación de la diputada Laura Alonso (del partido oficialista) en la oficina anticorrupción. Alonso no es abogada, condición necesaria para asumir el cargo, y por eso Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que asuma al frente del organismo (14)
Doble rasero de la ley
En el mes de diciembre de 2016, la ex presidenta quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilícita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Baéz (15) Además estarían implicados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.
13http://www.lanacion.com.ar/1854315-macri-nombro-en-comision-a-dos-juristas-paracompletar-la-corte  
14http://www.perfil.com/politica/otro-decreto-de-macri-para-que-alonso-asuma-en-laoficina-anticorrupcion-1224-0017.phtml
15http://www.telam.com.ar/notas/201612/174822-cristina-fernandez-de-kirchner-causashotesur-dolar-futuro-los-sauces-ruta-del-dinero-k.html
A raíz de ese caso surgieron otros, como el llamado “la ruta del dinero K”. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, comunicó que “descubrieron la trama de cuentas off shore que el clan Báez tenía en Suiza y que estaría asociada, según declaraciones del financista Leonardo Fariña, a los Kirchner” (16).
Esta presunción se presenta como un hecho consumado, aun cuando el proceso judicial está en curso. A esta inculpación previa a la sentencia final se suma una pregunta crucial ¿Qué pasó con la investigación de las cuentas off-shore de la familia Macri, considerando que se trata del presidente de turno, y sabiendo que en otros países hubo mandatarios que tuvieron que renunciar a sus cargos por este tipo de implicación? A fines de diciembre de 2016, fue confirmado que el Grupo Macri tiene 50 sociedades off shore distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida, información que será presentada en una ampliación del caso que presentó el diputado Darío Martínez y que lleva el juez Sebastián Casanello17. La prensa argentina publicó poco y nada con respecto a este caso, pero sí dio enorme cobertura al caso de Cristina Fernandez de Kirchner.
17http://www.eldestapeweb.com/el-grupo-macri-tiene-50-sociedades-offshore-n23973   
A la invisibilización de la implicancia de Macri en los Panamá Papers, se suma una nota de Clarín (publicada el día anterior a la presencia en Tribunales de los hijos de Cristina Fernández), en la que se expresa que el Juez Casanello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo oficialista y que en los últimos meses ha estrechado sus vínculos con el Departamento del Tesoro estadounidense (18) – que absuelve a Macri del lavado de activos (19). Un dato es que en la versión impresa del diario, a diferencia de la versión digital, el titular omite que el resultado fue brindado por la UIF, para darle mayor credibilidad a la noticia –asumiendo indirectamente la escasa objetividad del organismo (20)
Otro caso que trascendió fue el vinculado a “Fútbol para todos”: la jueza María Servini procesó a tres exjefes de Gabinete de la gestión anterior por las irregularidades publicitarias del programa Fútbol para Todos: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich (21)
Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, se habló menos de los empresarios, principales implicados en el negocio ¿Qué pasó con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA? El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigación de corrupción en la FIFA, está además implicado en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales22. Fue “olvidado” casi totalmente por la prensa, a pesar de ser un
doble-escándalo.
LAWFARE EN BRASIL
La Operación Lava Jato –que se inició en 2009 y tomó impulso en 2013 (23) – fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente el ex Presidente Lula Da Silva. Toda la campaña presidencial por la reelección de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula, motivadas por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los que, por entonces,se presentaban como principales delatores de la causa. Fue precisamente tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves (PSDB) que la famosa revista Veja publicó la primicia de que ella y su antecesor, Da Silva, conocían todo el esquema de corrupción derivado de la empresa estatal Petrobras. Dicha información, hasta entonces sólo sospechada, fue aparentemente revelada por el delator Alberto Youssef.  Lo llamativo del caso es que el abogado de éste, en una entrevista realizada pocos días después negó conocer la información citada por la revista (24). Ya pasado el ajustado triunfo de Dilma se supo que funcionarios judiciales que participaban en el caso habían hecho campaña a favor de Neves ( 25) y que el mismo delator lo había acusado de recibir coimas (26)
El por entonces Presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), fue denunciado por la Procuraduría General de la República al Supremo Tribunal Federal (STF) en agosto de 2015 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato (27). Dos meses después de esa acusación –y el mismo día que el STF desestimó dos pedidos de impeachment contra Rousseff– Cunha fue denunciado en el Consejo de Ética de Diputados tras el descubrimiento de que éste poseía cuentas millonarias no declaradas en Suiza. Hasta el momento, Cunha había desestimado también cinco pedidos de impeachment presentados en la Cámara; pero en diciembre de 2015, cuando los diputados del PT que integraban el Consejo de Ética votaron favorablemente por la apertura del proceso contra él, inmediatamente dio curso a otro pedido de impeachment – por improbidad administrativa, no corrupción– que estaba “cajoneado” y que finalmente prosperó (28). Sin negar el aspecto quid pro quo entre el PT y Cunha, lo cierto es que recién en mayo de 2016, por decisión del recientemente
fallecido Ministro del STF Teori Zavascki, Cunha fue suspendido como Diputado y, en consecuencia, como Presidente de la Cámara. Hacia junio de ese año, ya el STF había aceptado dos denuncias más y lo había imputado nuevamente por otra causa. Sin embargo, ya para entonces Rousseff tenía los días contados en la Presidencia gracias al accionar del ahora preso Eduardo Cunha y las dilaciones (¿complicidad?) del Supremo.
Reorganización del aparato judicial
Una de las claves del Lava Jato, es que resulta “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala 29
Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes 30 , en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato (31)
Con un modelo similar al estadounidense, en Brasil, es el Presidente el que designa al futuro miembro de la Corte, con el posterior aval del Senado. Tras la muerte de uno de los miembros del STF, Teori Zavascki, el Presidente Michel Temer eligió a Alexandre Moraes como sucesor. Las sospechas con respecto a esta elección se deben a que Moraes fue abogado de Eduardo Cunha, también de Aècio Neves, y de una empresa de transportes identificada como parte de una organización criminal en San Pablo. Como Ministro fue acusado de divulgar información privilegiada sobre la Operación Lava
Jato, anticipando a los medios la prisión del petista Antonio Palocci –y en el marco de un evento de campaña del PSDB (32). El pliego de Moraes fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (33), presidida por Edson Lobao quien, como otros 10 integrantes, está siendo investigado en la Operación Lava Jato (34). En medio de amplias sospechas de corrupción sobre varios de los Ministros del Gobierno, legisladores y del propio Temer –citado 43 veces en las confesiones– De Moraes será el revisor de Lava Jato en el plenario del STF y podrá actuar en casos que involucren a los funcionarios –como los anteriormente mencionados– que tienen fuero privilegiado (35).
32http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/28/politica/1475016388_744918.html
Uno de los principales columnistas de la oficialista revista Veja, tituló su nota del 6 de  enero: “Temer puede anunciar el nombre hoy [del sucesor de Zavascki]; que sea Moraes! ” (36)
Doble rasero de la ley A mediados de marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva Ministro de la Casa Civil; sin embargo, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anuló el nombramiento argumentando que esa decisión de la entonces Presidenta tenía como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del Juez Moro y quedar supeditado únicamente a la autoridad judicial del STF. Esta disposición se fundamentó en un audio que casualmente filtró Moro a la prensa el mismo día del nombramiento de Lula (37). Finalmente Lula no ejerció como Ministro.
a_ministro_brasil_roussef
Lo llamativo es que la misma situación volvió a plantearse en febrero del 2017. Michel Temer nombró a Moreira Franco, uno de sus principales aliados políticos como Secretario General de la Presidencia, una cartera con rango de ministerio que había extinguido Rousseff y que fue reabierta para la ocasión. El nuevo Secretario está citado 34 veces en la confesión de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero privilegiado como Ministro y quede sólo bajo la órbita del STF. Por supuesto, para la prensa existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo Secretario de la Presidencia (38)
Sin que sus abogados fueran avisados, pero con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías, Lula fue conducido a un aeropuerto de San Pablo (39). Da Silva ya se había presentado a declarar voluntariamente todas las veces que se lo había citado, incluso en Brasilia, donde no reside. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión amostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el mediático juez Sergio Moro. Con Cunha no fueron tan mediáticos, ni tuvieron tanta celeridad. De hecho su esposa, Claudia Cruz, también imputada en LavaJato por lavado de dinero y evasión de divisas, tardó cinco meses en declarar ante Moro porque el eficiente juez no encontraba a la imputada en las dos direcciones que tenía registradas (40)

No hay comentarios:

Publicar un comentario